Lea el acuerdo que declara la invalidez de las decisiones de la Asamblea Nacional durante el periodo 2015-2020

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en la sesión ordinaria del pasado martes por unanimidad un acuerdo de invalidez para todos los actos realizados por esa instancia entre 2015 y 2020, es decir, el periodo en desacato.

El documento declara la inexistencia, la ineficacia e invalidez de los acuerdos, decisiones y actos del Parlamento durante el período de desacato continuado contrarios a los intereses de la República y los derechos del pueblo.

Según el diputado y abogado constitucionalista Hermann Escarrá, el proyecto demuestra que los medidas aprobadas en esa etapa fueron dictadas con la deliberada intención de violar la Constitución, al emplearlas como medio de comisión delictiva ante instancias diplomáticas, políticas y judiciales extranjeras e internacionales.

El texto íntegro del acuerdo es el siguiente:

CONSIDERANDO

Que se ha constatado una serie de vías y situaciones de hecho surgidas como consecuencia de pronunciamientos por parte de la Asamblea Nacional durante el período parlamentario de 2016-2021, de pretendidos Acuerdos, actos parlamentarios no normativos, incapaces de generar efectos jurídicos, dictados con la deliberada intención de violar el orden constitucional y legal o, específicamente, de ejercer competencias correspondientes a otros Poderes Públicos;

CONSIDERANDO

Que dichos acuerdos son inexistentes e ineficaces y por tanto, carecen de validez formal y material, y no pueden generar los efectos jurídicos que pretendieron con su declaración, todo lo cual, dada su gravedad, fue establecido oportunamente por el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencias que verificaron su inconstitucionalidad, inexistencia jurídica y evidente nulidad, en particular la N° 2 del 11 de enero de 2017 y la N° 3 del 21 de enero de 2019, entre múltiples decisiones en el mismo sentido;

CONSIDERANDO

Que a pesar de la inexistencia jurídica de estos actos parlamentarios no normativos e incapaces de producir los pretendidos efectos jurídicos que se le atribuyeron sin fundamento legal, se ha presentado una serie de situaciones de hecho mediante las cuales se ha inducido al engaño a instituciones e instancias de otros Estados, así como a órganos internacionales, al pretender emplearlos como medios de comisión destinados a alcanzar diferentes propósitos antijurídicos de representación o arrogarse competencias imposibles conforme al orden constitucional y legal venezolano, que rige las atribuciones de los poderes públicos venezolanos, y de todas sus instituciones, empresas, entes y demás órganos oficiales;

CONSIDERANDO

Que dichas situaciones de hecho han servido, mediante el fraude a la Constitución y a la ley, para cometer diversos ilícitos que han producido ingentes daños a la República y que deben ser reparados por justicia e imperativo de la Constitución;

CONSIDERANDO

Que el medio de comisión de estas situaciones de hecho, ha sido la dolosa utilización de los instrumentos no normativos previstos en el Reglamento de Interior y Debates de esta honorable Asamblea Nacional, bajo la figura de “acuerdos parlamentarios” para engañar a la comunidad internacional y a otros estados e instancias foráneas fingiendo que eran “actos de gobierno”, siendo evidente que el sistema constitucional y legal venezolano de la República de carácter eminentemente presidencialista, únicamente prevé a los acuerdos como meras manifestaciones y declaraciones parlamentarias, nunca normativas, ni mucho menos gubernativas;

CONSIDERANDO

Que la cadena de vías o situaciones de hecho se forjaron con el doloso propósito de defraudar a la República y derivar de tales “acuerdos parlamentarios”, efectos jurídicos de imposible cumplimiento y ejecución, dado que por mandato de la ley no son instrumentos normativos de ninguna especie, por lo que dicha situación debe ser pública, nacional e internacionalmente conocida;

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional está en la obligación de pronunciarse en aras de la seguridad jurídica, la buena fe, la preservación del orden constitucional y legal venezolanos y el debido resguardo de los derechos y responsabilidad del Estado, de forma tal que no sean comprometidos como consecuencia de la defraudación contra la República intentada por tales abusivos “acuerdos parlamentarios”, así como evitar que sean propinados otros daños o se continúen produciendo;

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional se ve obligada a honrar su deber constitucional al pronunciar este Acuerdo en obsequio de los principios constitucionales y de Derecho Internacional Privado, de inmunidad de jurisdicción, respeto soberano e integridad, libre determinación, legalidad internacional, resolución pacífica de las controversias y seguridad jurídica. A los fines de que en ninguna parte del mundo, ni ante ningún otro Estado o instancias internacionales, se tengan como ciertos, existentes o válidos dichos acuerdos parlamentarios, ni los actos que se hayan emitido o que aún insólitamente puedan producirse por la prolongación del engaño derivado de cualquiera de los fines defraudatorios que se han perseguido con su uso como medios de comisión delictiva.

ACUERDA

PRIMERO: Constatar las distintas situaciones de hecho surgidas como consecuencia de la inexistencia jurídica de los actos dictados como “acuerdos”, que son figuras no normativas y no gubernativas, incapaces de producir los efectos que le fueron asignados, de modo que no sean reconocidos, considerados, ni observados en ninguna instancia administrativa, diplomática, y demás sectores públicos o privados, del ámbito judicial o extrajudicial, en cualquier lugar, ni fuera del territorio de la República.

SEGUNDO: Condenar dichas vías y situaciones de hecho, surgidas como consecuencia de acuerdos pronunciados por la Asamblea Nacional a partir del 06 de enero de 2016 y hasta el 04 de enero de 2021, cuyo doloso propósito ha sido defraudar a la República y sus entidades, fingiendo el ejercicio de actos de gobierno no previstos, ni autorizados por la Constitución, ni por la ley.

TERCERO: Advertir a la comunidad internacional, por razones de seguridad y certeza jurídica, que la administración de justicia venezolana, mediante decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, declaró la inconstitucionalidad, inexistencia e ineficacia de todos los actos parlamentarios dictados bajo la figura no normativa de “acuerdos¨, durante el período correspondiente, comprendido entre el 06 de enero de 2016 y hasta el 04 de enero de 2021, por ser inexistentes legalmente e incapaces de generar los efectos en ellos anunciados. Entre las decisiones dictadas se encuentran las mencionadas a continuación: (i) En Sala Electoral: sentencias N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y N° 1 del 11 de enero de 2016; (ii) en Sala Constitucional: sentencias Nº 808 del 2 de septiembre de 2016, Nº 810 del 21 de septiembre de 2016, Nº 814 del 11 de octubre de 2016, Nº 948 del 15 de noviembre de 2016, Nº 952 del 21 de noviembre de 2016, Nº 3 del 11 de enero de 2017, Nº 6 del 20 de enero de 2017, Nº 113 del 20 de marzo de 2017, Nº 383 de fecha 1 de junio de 2017, N° 2 del 11 de enero de 2017, Nº 89 del 9 de febrero de 2018, N° 4 del 23 de enero de 2019, y N° 3 del 21 de enero de 2019.

CUARTO: Hacer del conocimiento público que ante ningún otro Estado, ni instancia alguna de otro país, se tengan como existentes o válidos dichos acuerdos parlamentarios, ni los actos que se emitan como consecuencia del engaño derivado de cualquiera de sus fines defraudatorios contra la República, conforme con los principios Constitucionales y de Derecho Internacional Público de inmunidad de jurisdicción, respeto soberano e integridad, libre determinación, legalidad internacional, resolución pacífica de las controversias y seguridad jurídica.

QUINTO: Desconocer cualquier acto, convenio, contrato o actuación radicado en instancias extranjeras o internacionales, que se derive como consecuencia de dichos “acuerdos”, dada su inexistencia jurídica en el Derecho venezolano.

SEXTO: Ordenar a las distintas Comisiones Permanentes de esta Asamblea Nacional verificar, en el ámbito de las materias a su cargo, las distintas vías y situaciones de hecho constatadas como consecuencia de cada uno de los mencionados “acuerdos”, efectuar la sustanciación de los respectivos expedientes y presentar a la Plenaria de este máximo órgano legislativo nacional, los correspondientes informes contentivos de las amenazas, daños y obstáculos específicos que plantean cada uno de ellos al normal desenvolvimiento de la institucionalidad de la República, proveyendo, a tal efecto, las propuestas concretas para extinguir las situaciones de hecho lesivas a la República, o sus entidades, que pudieran haberse generado como consecuencia de dichos írritos “acuerdos”.

SÉPTIMO: Solicitar al Ministerio Público y a todas las instancias del sistema de justicia conforme a su competencia constitucional y legal, que se investigue y establezcan las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan.

OCTAVO: Notificar a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, así como al Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, velen por la efectividad y cumplimiento del presente Acuerdo, de conformidad con el principio de colaboración previsto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

NOVENO: Dar publicidad al presente Acuerdo, tanto a nivel nacional como internacional.

T/CO-AVN
F/Prensa AN

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