Asamblea Nacional pidió al Poder Moral investigar recursos de los diputados salientes

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que fue elevada a la Contraloría General de la República, la solicitud de investigación de recursos a los diputados salientes de la Asamblea Nacional, por los bienes exagerados que tienen en el exterior.

“Hemos sostenido una reunión con el Poder Moral, presidido por el ciudadano Elvis Amoroso, con la finalidad de presentar a los diputados electos para que cumplan todos los requisitos por este poder. De igual manera a los diputados de la saliente Asamblea, quienes deben presentar su respectiva declaración jurada de patrimonio.”, dijo el presidente de la AN.

Destacó que este martes será debatido el tema por la Comisión designada para ello. “Mañana en la AN discutiremos cómo es posible que Leopoldo López pueda alquilar una vivienda en el barrio más caro de Madrid, y lo dice ABC, no lo digo yo”, refirió Rodríguez.

Por su parte, el contralor general de la República, Elvis Amoroso manifestó que dio instrucciones a la junta directiva y a las direcciones generales de estados y municipales a que comiencen una auditoría a la administración de la junta directiva saliente para verificar qué ocurre.

En declaraciones transmitidas por Venezolana da Televisión y luego de reunirse con directivos del Parlamento, explicó que es necesario y parte del proceso auditar a los diputados salientes, así como exigir su declaración jurada de patrimonio.

Acotó que la declaración es una herramienta fundamental para que los venezolanos «tengan garantía de que los funcionarios de la República no cometan hechos irregulares».

Detalló que la normativa establece que cuando cesa la gestión de un funcionario –en este caso, los diputados de la AN pasada- se debe proceder a la declaración jurada para que la Contraloría haga un balance entre lo declarado al iniciar gestión y lo expuesto al culminarla.

«Si existe algún tipo de irregularidad de quienes nieguen declarar, hay sanciones que pasan por doce meses de inhabilitación para cargos públicos o inscripción para cargos de elección popular. En el caso de que la investigación arroje hechos irregulares o de corrupción, se procede a la inhabilitación de hasta 15 años», resaltó Amoroso.

T/ ANTV

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